Colectivos LGTBI exigen que se cumpla la ley
La organización FELGTB y otros colectivos han impulsado una campaña exigiendo al Ministerio de Educación que se cumpla la legislación sobre la ley de educación de diversidad LGTB, bajo el lema “Tienen derecho a saber”.
De esta manera los colectivos LGTBI quieren recordar tanto al gobierno como a las consejerías autonómicas de Educación, que están en la obligación de impartir esta educación, recordamos que la ley consiste en impartir educación afectivo-sexual, familiar y de género. Pero la realidad es bien distinta, muchas provincias no están impartiendo este tipo de educación como deberían hacerlo, acorde a la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación.
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Esta Ley, esta ratificada por el Gobierno, y establece que el Estado está obligado a tomar medidas para que esta educación se lleve a cabo, como herramienta para combatir la discriminación y la violencia.
Han declarado que las consejerías de Educación tienen la obligación de garantizar esta educación a todos los alumnos, independientemente de la opinión de sus familias, de esta manera se intenta protegerlo contra posible información LGTBIfobia que pueda llegarles. Dado que la ultraderecha intenta implementar un consentimiento por parte de los padres, para que estos elijan que educación pueden recibir sus hijos, algo que va en contra del ordenamiento jurídico español por contravenir el interés del menor.
Por eso, los colectivos LGTBI han recordado al Ministerio que tienen la obligación de informar a los centros educativos de la necesidad de impartir esta educación. Con su lema “Tienen derecho a saber”, quieren invitar a todos los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa y tomen cartas en el asunto.
En el caso de aquellas autonomías que están implementando medidas contrarias a esta ley, como la retirada o modificación de esta ley, se está privando a los alumnos del derecho de conocer la sociedad en la que viven y se desprotege a la infancia LGTBI. El hecho de se pueda aplicar un PIN parental como el que propone Vox, sería un reconocimiento por parte de los sistemas educativos al racismo o a la misoginia, que pueden poner en riesgo a los alumnos.
