El nuevo proyecto de ley antigay de Florida pretende limitar y castigar la libertad de expresión protegida

En el segundo día de la sesión legislativa de Florida, que comenzó el mes pasado, los legisladores habían presentado casi 20 proyectos de ley contra los homosexuales o los transexuales. Uno de ellos, el SB 1780, consideraría que acusar a alguien de ser homófobo, transfóbico, racista o sexista, aunque la acusación sea cierta, equivale a difamación, y se castigaría con una multa de al menos 35.000 dólares. De aprobarse, el proyecto de ley limitaría y castigaría gravemente la libertad de expresión constitucionalmente protegida en el estado.

Aunque no es probable que la SB 1780 sobreviva a los tribunales superiores, su introducción es indicativa de una estrategia conservadora más amplia para sofocar las críticas a los comportamientos racistas, sexistas y homófobos. Los críticos sostienen que el proyecto de ley se presenta para tantear el terreno y ver hasta dónde, legalmente, pueden llegar los legisladores hasta que sean capaces de silenciar a los detractores.

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"Ese es el patrón aquí en Florida", dijo Sharon Austin, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Florida. "Presentan un proyecto de ley que a muchos de nosotros nos parece realmente extremo. Cuando empezamos a protestar, al final eliminan algunas de las disposiciones y lo suavizan un poco, pero al final acaba aprobándose".

Austin señala que proyectos de ley similares, como el SB 266, que limita severamente los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión (DEI), y el HB7, "la ley stop woke", que regula cómo pueden enseñarse en las escuelas la raza y las cuestiones raciales, fueron finalmente aprobados después de que los legisladores los hicieran ligeramente menos extremos.

Comprender el panorama que intentan construir los legisladores del estado es crucial, afirmó Howard Simon, director ejecutivo de la ACLU de Florida. "Esta sesión va a ser conocida probablemente como la 'sesión legislativa del fanatismo gay'", dijo. "Van camino de pasarse los dos meses de sesión legislativa ejerciendo su fanatismo y hostilidad hacia la comunidad gay de Florida".

Durante la sesión legislativa del año pasado, se presentaron varios proyectos de ley contra los homosexuales, incluido el infame proyecto de ley "no digas gay", que ha sido impugnado en múltiples ocasiones desde su promulgación. En los últimos años, los contribuyentes de Florida han sufragado los costes de varios pleitos, por un total de millones.

Tanto Simon como Austin sostienen que, al elaborar proyectos de ley dirigidos específicamente contra las personas LGBTQ+, los esfuerzos de DEI y la libertad de expresión, los legisladores conservadores intentan expulsar del estado a quienes no encajan en el molde de lo que ellos creen que debe ser Florida.

"Te guste o no, si alguien quiere acusarte de ser racista, sexista u homófobo, tiene derecho a hacerlo", dijo Austin. "Es una expresión protegida. Hay intentos de intimidar y amedrentar a educadores e individuos haciéndoles saber que si dices algo que es impopular, que ofende a los conservadores, entonces iremos a por ti, entonces te castigaremos

"Es un momento aterrador".

La aprobación del proyecto de ley SB 1780 tendría amplias implicaciones para la libertad de expresión, ya que las restricciones del proyecto de ley se aplican a todo, desde la prensa y la televisión hasta las publicaciones en línea en las redes sociales. El proyecto de ley no sólo haría prácticamente imposible probar las acusaciones de racismo, sexismo, homofobia o transfobia, sino que también haría que la víctima de declaraciones discriminatorias fuera responsable de los daños causados al infractor. Según Simon, si se acusara a un número suficiente de personas en virtud del proyecto de ley, probablemente se intimidaría a otras personas para que no denunciaran la discriminación, silenciando de hecho a las víctimas de delitos de odio u otras formas de intolerancia. Austin compara el proyecto de ley y otros similares con el macartismo.

"Ese es el nivel de paranoia al que estamos llegando. Es un momento aterrador", dijo. "Hace que te preguntes si estamos volviendo a ... ese tipo de sociedad en la que casi tienes miedo de decir algo por temor a ofender a los conservadores que realmente están tratando de destruirte si dices algo que no les gusta".

El proyecto de ley SB 1780 también tendría implicaciones para los periodistas: de aprobarse, eliminaría la posibilidad de que los reporteros mantuvieran el anonimato de sus fuentes. Los periodistas que informen sobre discriminación serían especialmente vulnerables a las demandas, ya que el proyecto de ley estipula que "una declaración de una fuente anónima es presuntamente falsa a efectos de una acción por difamación". Austin cree que se trata de un nuevo intento de controlar a los medios de comunicación.

Un proyecto de ley similar y más amplio, el HB 991, facilitaba explícitamente demandar a los periodistas y fue aprobado por el subcomité de justicia civil el año pasado. Aunque murió en el comité judicial, el SB 1780 es un segundo intento de aprobar la ley.

"Tengo la esperanza de que los miembros de la legislatura de Florida tengan el suficiente sentido común para no aprobar esto", dijo Simon. "Pero, si lo hace, no creo que a los tribunales les cueste ver las restricciones inconstitucionales a la libertad de expresión que hay en todo esto".