Guatemala prohĂbe el matrimonio igualitario
El congreso de Guatemala ha aprobado leyes para prohibir explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, prohibir la mención de la igualdad LGBT+ en la escuela y triplicar la pena de prisión por el aborto.
La "Ley de Protección de la Vida y la Familia" fue aprobada por el Congreso el martes 8 de marzo, que también era el Día Internacional de la Mujer. Se votó con 101 votos a favor, 51 abstenciones y sólo ocho votos en contra.
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Entrará oficialmente en vigor una vez que la haya firmado el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
Actualmente, las personas que deciden abortar están penalizadas en Guatemala, y pueden ser castigadas con hasta tres años de prisión, con la única excepción de que lo realice un médico para salvar la vida de la persona embarazada.
La "Ley de Protección de la Vida y la Familia" triplicaría esta pena, elevándola a 10 años.
Aunque ya no existe ninguna disposición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en Guatemala, la ley modificaría el código civil para "prohibirlo expresamente".
La ley también prohibiría a las escuelas, tanto públicas como privadas, cualquier enseñanza o política que promueva la igualdad LGBT+. La ley describe dicha enseñanza como "la promoción en niños y adolescentes de políticas o programas que tiendan a desviar su identidad sexual de nacimiento".
insto a todas y cada una de las personas LGBTQ+ o aliadas a que se informen sobre lo que está ocurriendo en guatemala.
se ha penalizado el aborto, voluntario o no. se ha prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. se ha prohibido la educación sexual.
existimos. importamos. por favor, no nos dejes en la sombra
- marián âď¸ (@lxghtoflove) 9 de marzo de 2022
Guatemala está jurídicamente vinculada a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 dictaminó que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho humano. El tribunal está estudiando actualmente un caso sobre la prohibición total del aborto en El Salvador.
Walter Félix, diputado de izquierdas en el Congreso de Guatemala, calificó la ley de "absolutamente discriminatoria", dijo que "incitaría al odio" y añadió: "Se están violando los derechos humanos de una parte importante de la población."
Tras la aprobación de la ley en el Congreso, Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, dijo que lucharía para que la legislación fuera retirada en la Corte de Constitucionalidad del país.
Dijo: "Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad para que esta [ley] no tenga efecto".