La lucha contra la ley Don't say gay de Florida continĂșa
Un juez federal ha desestimado la impugnación de la famosa ley "No digas gay" de Florida, pero no es el final del camino para la demanda.
Don't Say Gay, que entró en vigor en julio de 2022, prohíbe a los profesores de las escuelas públicas participar en "discusiones en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género" y ha sido criticada por el daño que está causando a los niños queer en el estado.
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Una reciente impugnación de la ley ha sido desestimada debido a tecnicismos legales.
Los grupos de derechos LGBTQ+ Equality Florida y el National Center for Lesbian Rights, junto con Kaplan Hecker & Fink LLP, la abogada Elizabeth Schwartz, y múltiples estudiantes, educadores y familias de Florida presentaron una demanda contra el estado por la ley a principios de este año.
Alegaron que Don't Say Gay es inconstitucional, discriminatorio y "claramente producto de la animadversión hacia la comunidad LGBTQ+ de Florida".
Pero el jueves (29 de septiembre), el juez de distrito estadounidense Allen Winsor emitió una orden de 25 páginas que desestima su caso, por ahora.
La demanda fue desestimada por motivos técnicos, ya que el juez consideró que los demandantes no habían expuesto suficientemente su capacidad legal para presentar el caso.
Prohibición de la enseñanza de LGBTQ+ en las aulas
Esto se debe, en parte, al hecho de que Don't Say Gay se considera en general "una solución en busca de un problema".
Prohíbe la "instrucción en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género" desde el jardín de infancia hasta el tercer grado. Sin embargo, no hay pruebas de que esa "instrucción" se produjera antes de que entrara en vigor la ley, conocida oficialmente como "Ley de Derechos de los Padres en la Educación (HB 1577)".
Winsor explicó que el caso contra el Estado era difícil de probar, ya que gran parte del daño que está causando el Don't Say Gay no podía atribuirse a la propia legislación, vagamente redactada, sino a la interpretación de la misma por parte de los consejos escolares.
"El principal problema es que la mayoría de los supuestos daños de los demandantes no están plausiblemente vinculados a la aplicación de la ley, sino a la propia existencia de la misma", escribió.
"Los demandantes sostienen que la aprobación de la ley, el sentimiento que la sustenta, la motivación de los legisladores y el mensaje que la ley transmite les causan daño. Pero ningún mandato judicial puede deshacer nada de eso".
Esta lucha no ha terminado.
Sin embargo, el juez dio a los demandantes 14 días para volver a presentar la demanda.
En un comunicado, Equality Florida dijo: "El juez Winsor reconoce lo que ha sido claro desde el principio: que en la Florida de DeSantis, el clima político es tan tóxico para las personas LGBTQ que los distritos escolares están abdicando activamente de sus responsabilidades, eligiendo en su lugar capitular ante los extremistas y la brecha tóxica anti-LGBTQ que han creado en lugar de adherirse a la letra de la ley.
"Esta lucha no ha terminado. Vamos a seguir para exponer el daño que la ley de Florida Don't Say LGBTQ está infligiendo a los niños y las familias. Una decisión judicial no niega ese daño".
