Los jóvenes trans ya no pueden recibir atención médica en Alabama
Una ley de Alabama que convierte en delito la prestación de tratamiento médico de afirmación de género a jóvenes transgénero entró en vigor el domingo mientras un juez federal sopesa si concede una moción para suspenderla temporalmente.
La legislación tipifica como delito, castigado con hasta 10 años de prisión, el suministro de bloqueadores de la pubertad, hormonas y procedimientos médicos a jóvenes transgénero menores de 19 años.
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Tras una audiencia de dos días que concluyó el viernes, el juez de distrito Liles Burke no dio ninguna indicación sobre cuándo se pronunciará sobre la moción que busca detener temporalmente la aplicación de la prohibición mientras está pendiente una demanda, según informan los medios locales.
La demanda, presentada por organizaciones como Human Rights Campaign y GLBTQ Legal Advocates & Defenders, argumenta que la prohibición causaría un daño "inmediato e irreparable" a los demandantes y que la medida viola varios de sus derechos constitucionales.
Los grupos presentaron la demanda en nombre de los padres de cuatro jóvenes transexuales de Alabama, dos médicos y un ministro. El Departamento de Justicia de EE.UU. se ha unido al caso, afirmando que la ley de Alabama "viola la cláusula de igualdad de protección" de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Los profesionales de la medicina y la salud mental afirman que la atención de afirmación del género salva vidas al reducir el ya elevado riesgo de depresión y suicidio entre los jóvenes trans.
La cirugía de reasignación de sexo en menores de 18 años es extremadamente rara y sólo se llevaría a cabo después de años de tratamiento en los casos en que los deseos del paciente sean inquebrantables, según los expertos médicos.
Los derechos de los transexuales han surgido como un tema de cuña en las guerras culturales de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Los legisladores republicanos han presentado cientos de proyectos de ley en las legislaturas estatales, la mayoría de ellos dirigidos a los jóvenes trans.
Muchos republicanos y activistas conservadores promueven las leyes como salvaguardias para los niños y los derechos de los padres. Los opositores, entre los que se encuentran los demócratas y las organizaciones LGBTQ, afirman que la legislación es perjudicial, innecesaria y tendría consecuencias nefastas para una población ya vulnerable.
