Una enfermera lesbiana de Ghana se libra de ir a la cárcel por su trabajo en la pandemia del COVID19
Una lesbiana que salió del armario en Ghana y se vio obligada a huir al Reino Unido para salvar su vida ha sido condenada a una "clemente" pena de trabajos forzados por fraude tras utilizar un pasaporte falso para trabajar ilegalmente como enfermera.
Eunice Owusu no tuvo más remedio que escapar de su abusivo matrimonio concertado después de que su sexualidad fuera revelada contra su voluntad a su empleador, según declaró ante el Tribunal de la Corona de Teeside su abogado John Nixon, quien explicó que temía por su vida debido a la estricta penalización de la homosexualidad en Ghana.
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La mujer, de 34 años, admitió ante el tribunal haber copiado el pasaporte de su primo para solicitar trabajo en residencias de ancianos tras habérsele denegado inicialmente el derecho a vivir y trabajar en el Reino Unido.
Owusu trabajó en el momento álgido de la pandemia de Covid-19 durante un periodo de 18 meses, durante el cual ganó 27.835,70 libras, según declaró ante el tribunal. Si hubiera sido condenada a una pena superior a 12 meses de prisión, se habría enfrentado a la deportación.
"Se trata de una lesbiana, lo que supuso un verdadero problema en su vida en Ghana; tenía un matrimonio concertado y él [su marido] era violento, y está bastante claro que su sexualidad conlleva una condena importante en Ghana", dijo Nixon.
"Hay noticias de personas lapidadas y quemadas vivas en Ghana".
Emma Atkinson, fiscal, declaró ante el tribunal que la situación ilegal y el fraude de pasaporte de Owusu se conocieron cuando se llamó a la policía por un incidente doméstico y su pareja informó a los agentes.
Owusu, de Parkfield Way, Stockton, se declaró culpable de cinco cargos de fraude y un cargo de posesión de un documento de identificación con intención impropia.
Se le impuso una pena de 18 meses de trabajos en beneficio de la comunidad, se le ordenó asistir a 30 jornadas de actividades de rehabilitación y realizar 120 horas de trabajo no remunerado.
El juez Howard Crowson dijo que le imponía una condena "clemente", y que su futuro lo decidiría el Ministerio del Interior.
Dijo: "Entiendo que su sexualidad en su país de origen, Ghana, puede hacerle la vida difícil, lo cual es un eufemismo, su vida podría ser insegura y por eso vino al Reino Unido.
"Su finalidad principal era que usted trabajara y así fue como cometió el fraude.
"El trabajo que realizó en residencias de ancianos fue durante una época difícil para trabajar y sigue siéndolo.
"Los cuidadores necesitaban que alguien hiciera el trabajo y te pagaron para que lo hicieras -no hubo quejas sobre tu trabajo-, así que te estoy castigando por lo que hiciste más que por cualquier pérdida".
Las relaciones homosexuales son ilegales en Ghana
En Ghana, las relaciones homosexuales entre hombres son ilegales y conllevan una pena máxima de tres años de prisión.
Pero resulta inquietante que un proyecto de ley anti-LGBTQ+, actualmente en trámite parlamentario, pretenda reprimir toda identidad LGBTQ+.
Si se aprueba, el proyecto de ley castigará con penas de hasta cinco años de cárcel la identificación como homosexual, mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, casarse con alguien que se haya sometido a cirugía de reafirmación de género o ser aliado de la comunidad.
Cualquier persona que tenga conocimiento de actos homosexuales también estaría obligada a denunciarlos y podría ser penalizada, con hasta cinco años de cárcel, si no lo hace.
Los refugiados LGBTQ+ podrían ser perseguidos si se les envía a Ruanda
Los datos del Ministerio del Interior publicados el año pasado revelaron que en 2021 solo se concedió asilo u otras formas de permiso a 677 personas basándose en solicitudes de orientación sexual (los datos solo especificaban las solicitudes LGB).
Se trata de 1.050 decisiones iniciales, cifra que abarca muchos casos presentados en años anteriores.
Un portavoz del Ministerio del Interior declaró que todos los casos de asilo "se estudian caso por caso" y que "no se expulsa a nadie a menos que sea seguro hacerlo".
En mayo del año pasado se produjo una indignación generalizada cuando el Ministerio del Interior anunció que enviaría a Ruanda a los refugiados que llegaran a través del Canal de la Mancha, a pesar de admitir que existen pruebas de que los refugiados LGBTQ+ podrían sufrir persecución en el país.
El plan migratorio del gobierno para 2022 recoge en la evaluación de impacto sobre la igualdad del Ministerio del Interior que hay "preocupación" por el trato que reciben algunas personas LGBTQI+ en el país del este de África, y que las investigaciones apuntan a que los "malos tratos" a este colectivo son "más que puntuales".
En el informe, que destaca las "preocupaciones" que suscita el envío de migrantes a Ruanda, señala que la homosexualidad se despenalizó en 2010, pero advierte: "En esta fase, las investigaciones apuntan a que los malos tratos son más que puntuales, pero no parecen ser sistémicos".
Otro problema del actual sistema del Ministerio del Interior es cómo entiende la sexualidad en las solicitudes de asilo como una cuestión de identidad, y no de conducta.
A algunas personas de fuera del Reino Unido puede resultarles más difícil precisar su identidad y, a pesar de que la política de asilo del Ministerio del Interior prohíbe juzgar por estereotipos, puede servir como prueba en las solicitudes.
Esto significa que los responsables de la toma de decisiones pueden buscar pruebas como fotos tomadas en locales gays o que una persona "parezca gay", señala Alex Powell, lo que podría ser la causa de que varias solicitudes de asilo de minorías sexuales acaben en rechazo.
