Guatemala archiva el proyecto de ley anti-LGTB+
En un sorprendente cambio de rumbo, los legisladores de Guatemala han archivado un escalofriante proyecto de ley que habría prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo y triplicado el tiempo de prisión por abortos.
La llamada "Ley de Protección de la Vida y la Familia" fue aprobada por una aplastante mayoría en el Congreso de la República la semana pasada, en el Día Internacional de la Mujer.
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Pero el martes (15 de marzo), el Congreso desechó el proyecto de ley por completo, informó la BBC. Los legisladores votaron una vez más por un amplio margen de 119 a 19, pero esta vez para desechar la ley propuesta.
Los legisladores se abstuvieron. La noticia de la eliminación de la ley provocó oleadas de vítores de los activistas de derechos humanos fuera del Congreso.
#Guatemala ?? Momentos cuando el decreto 18-2022 fue archivado con 119 votos a favor de esta acción, 19 votos en contra y 26 votos ausentes. Así celebran las mujeres y la diversidad ? con una resistencia de varios días en las calles. @redmmutrans @InfoOTRANS @ObservatorioLam pic.twitter.com/DW2iruXuev
- Agencia Presentes (@PresentesLGBT) 15 de marzo de 2022
El cambio de rumbo se produce después de que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatte, prometiera vetar la legislación a pesar de que sus propios aliados conservadores la impulsaron en la legislatura.
La aprobación de la medida hizo saltar las alarmas de inmediato entre los defensores de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBT+, que han instado a los legisladores a rechazarla desde que se presentó por primera vez en 2018.
Habría impuesto las penas más duras para el aborto que cualquier otro país de América Latina y prácticamente habría paralizado los derechos de los homosexuales.
Aunque el aborto ya es ilegal en la república en todos los casos, excepto cuando la vida de una persona está en peligro, la medida habría supuesto una fuerte condena de 10 años para quienes se sometieran al procedimiento, endureciendo la actual pena de tres años de cárcel.
Se habrían impuesto penas aún más severas a los médicos y otras personas que ayuden a las personas a interrumpir el embarazo, lo que parece contradecir el modo en que otros países latinoamericanos, como México, han optado por ampliar el acceso al aborto en los últimos años.
Al hacerlo, los grupos de derechos humanos advirtieron que los legisladores llevarían a la gente a buscar abortos de forma insegura y potencialmente peligrosa para la vida.
Incluso uno de los grupos antiabortistas más ruidosos de Guatemala, la Asociación Cuestiones de Familia, se pronunció en contra de la ley, que "pondría en riesgo derechos y garantías fundamentales".
La ley habría bloqueado la enseñanza de las identidades, relaciones y sexo LGBT+ en las escuelas. También se habría modificado el código civil de Guatemala para "prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo".
La propuesta decía que la "libertad de conciencia y expresión" debía proteger a las personas de ser "obligadas a compartir o participar en conductas y prácticas no heterosexuales". "Familia" se definiría estrictamente como "padre, madre e hijos".
El distanciamiento de Giamatti de la ley se produjo sólo un día después de la aprobación del proyecto de ley que declaró que el país es la "capital pro-vida de Iberoamérica".
Hizo estos comentarios en el Congreso Iberoamericano Cristiano por la Vida y la Familia, que reúne a grupos conservadores antiabortistas y contrarios a la igualdad matrimonial.
El jueves, sin embargo, subrayó que la propuesta "no fue enviada por el ejecutivo". La ley "violaría la Constitución" y amenazaría los acuerdos internacionales firmados por el país, añadió en un discurso televisado.
Entre ellos, Guatemala está legalmente obligada a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2018 dictaminó que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho humano.
El tribunal regional se adhiere a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Guatemala es signataria.
