Una proposición de ley pide castigar con cárcel las falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+
Las falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+ están prohibidas en España desde hace casi dos años. Esto fue establecido por una ley estatal, el artículo 17 de la norma 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ley trans. Aunque estas prácticas dañinas han sido catalogadas como infracción, no se han impuesto muchas sanciones. “Se ha generado una cultura de impunidad”, denuncia Saúl Castro, fundador y presidente de No es terapia, quien este martes ha presentado una proposición de ley para sancionar con prisión la promoción y realización de estas pseudoterapias.
“Se deben criminalizar porque actualmente no se protege a las víctimas. Si no se los criminaliza, esta gente va a seguir actuando”, advierte Xavi Martínez Cal, quien fue sometido durante cuatro años a falsas terapias de conversión en Valencia. Dichas prácticas estaban organizadas por el Centro de Orientación Familiar Mater Misericordiae, que recientemente fue suspendido de actividad por el Arzobispado valenciano, en colaboración con la organización Es Posible la Esperanza.
“Es una de las organizaciones más grandes que existen en España perpetrando estas torturas desde hace 20 años. Ignoran las recomendaciones de la OMS, la ONU, y del Colegio de Psiquiatría y Psicología, al igual que el Papa, que también se ha manifestado en contra de estas prácticas. Estas terapias se basan en el maltrato, los abusos, las vejaciones, la manipulación y la coacción”, añade Martínez Cal, quien también estuvo presente en el Congreso para respaldar la propuesta legislativa, junto a representantes políticos como Carla Antonelli, Eduardo Rubiño, Águeda Mico y Jimena González.
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A pesar de que la ley trans está en vigor desde marzo de 2023, ha sido solo un mes atrás que se registró el primer expediente relacionado con falsas terapias en siete diócesis españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara y Málaga), que presuntamente promovían y organizaban estas prácticas. El Ministerio de Igualdad ha iniciado un expediente al respecto. “No tengo constancia de que se hayan iniciado más al amparo de la misma”, resalta Castro, abogado especializado en derechos humanos y LGTBIQ+, cuya organización fue la responsable de la denuncia contra las diócesis.
“En la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid se han archivado nuestras denuncias sin explicación, sin permitirnos recurrirlas o alegando incorrectamente que carecen de competencia para tramitarlas”, puntualizan desde No es terapia. La semana pasada, PP y Vox rechazaron en la Asamblea de Madrid una propuesta de Más Madrid para penalizar estas falsas terapias. A pesar de clasificarlas como “torturas”, los populares argumentaron que “no son una realidad significativa” y que ya “están sancionadas por ley”.
“No somos casos nimios”, contesta Martínez Cal, “no venimos de un entorno marginal, fanático o ajeno a la Iglesia. Al contrario, hemos sido chantajeados y manipulados, coaccionados por nuestro entorno más cercano: el cura de tu iglesia, tu catequista, tu profesor, tu psicólogo e incluso tu familia, de quienes dependes y en quienes confías”.
Desde la asociación española contra las terapias de conversión denuncian que “la competencia sancionadora la tienen órganos administrativos de alto nivel, que actúan de acuerdo con los intereses políticos y directrices ideológicas del partido en el Gobierno”. “Es violencia que se perpetra en entornos alejados del escrutinio público y de difícil tutela sin intervención judicial, por lo que solo la jurisdicción penal puede garantizar una instrucción efectiva”, subrayan.
Las personas LGTBIQ+ que han pasado por estas falsas terapias, a menudo presionadas por familiares o amigos, tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental. La investigación indica que estas víctimas presentan un aumento en la incidencia de depresión, estrés postraumático y un incremento en pensamientos y intentos suicidas, de acuerdo con un estudio publicado en The Lancet Psychiatry el pasado septiembre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también recomienda que los gobiernos realicen esfuerzos para “terminar” con estas prácticas.
Por tal motivo, surge la propuesta legislativa para penalizarlas, respaldada por partidos como Sumar, Podemos, IU, ERC, Compromís, BNG, Más Madrid, Junts, Comuns y Bildu, que exigen su criminalización (con penas de uno a cuatro años), la inclusión de un artículo específico en el Código Penal, protección de las víctimas, indemnizaciones y un estudio más exhaustivo sobre su impacto. En 2023, durante la tramitación de la ley trans, Más País y Equo presentaron una enmienda para castigar estas prácticas, la cual no prosperó; uno de los grupos que votó en contra fue el PSOE. Carla Antonelli (Más Madrid) envió un mensaje a los socialistas: “Como exmilitante, quiero dirigirme al Partido Socialista: están a tiempo de subirse al tren de la historia de nuevo, como lo han hecho tantas veces”.
Asimismo, la Felgtbi+ (Federación estatal de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y más), junto a otras organizaciones de diversos países europeos, ha instado a la UE, a través de una Iniciativa Ciudadana Europea, a prohibir las falsas terapias de conversión sexual y a considerar estas prácticas como eurocrímenes. “Esta violencia no es terapia. No somos enfermos, ni pecadores, ni vagos, ni maleantes”, enfatiza Martínez Cal. “Pido por mí y por todos los que siguen siendo sometidos a estas prácticas, que los partidos que no están aquí hoy se unan a esta iniciativa para criminalizar las falsas terapias de conversión”.
